Los hechos de Cerro Negro y sus consecuencias

Alimentar los demonios

Otra vez se registraron hechos de violencia en un yacimiento minero, protagonizados por camioneros, y como en otros casos, se dictó la conciliación como si se tratara de un simple paro.

A inicios de la semana que pasó, nuevamente algunos representantes del Sindicato de Choferes de Camiones, cortaron el ingreso a un yacimiento minero en Santa Cruz. Si bien la situación no es novedosa y, como ya lo hemos reflejado en esta columna, viene sucediendo desde hace bastante tiempo en la extensa meseta santacruceña, esta vez tuvo un ingrediente casi excepcional: fue visible para las autoridades, los medios y la población en general.
A primera hora del lunes 22, un grupo de sesenta personas identificadas como camioneros, movilizadas en cuatro vehículos de transporte de personal, ingresaron al proyecto minero Cerro Negro –que es operado por la canadiense Godlcorp a través de su subsidiaria local, Oroplata y se encuentra en proceso de construcción– por el acceso de la ruta provincial Nº 39, que vincula a Bajo Caracoles con Las Heras, reduciendo mediante violencia al personal de vigilancia que controla esa entrada, al punto que uno de los vigiladores, de la empresa Fortaleza, fue atendido en el hospital zonal de Perito Moreno y ya se encuentra fuera de peligro.
Ya en el yacimiento, impidieron el ingreso o egreso del proyecto, y además de la tradicional quema de cubiertas se registraron actos vandálicos, especialmente contra camionetas tanto de Goldcorp como de prestadores locales de Perito Moreno.
Los manifestantes se mantuvieron en el ingreso durante todo el día, sin dialogar y sin otro objeto aparente más que el de permanecer en su posición de fuerza, hasta que, a las 2:30 horas del martes 23, se retiraron al recibir la notificación de que la Subsecretaría de Trabajo había dictado la conciliación obligatoria.

La política del apriete

La toma del ingreso al yacimiento –que según testigos presenciales distaba mucho de ser espontánea y demostraba estar perfectamente organizada– estuvo motivada, según los propios representantes del sindicato que salieron por los medios de comunicación a negar los actos violentos, por el cese de actividades de dos contratistas de transporte al que pertenecían, Windland y Transportes Álvarez. Un cese decidido porque las tareas para las que brindaban servicios, que son de exploración, habían sido suspendidas hasta el primer trimestre de 2013, por falta de presupuesto para ese tipo de inversión.
Tras dictar la conciliación obligatoria entre el gremio y las empresas contratistas, el Subsecretario de Trabajo de Santa Cruz volvió a cargar contra la minera y su política de personal, como ya lo había hecho en los días previos, sin mencionar en ningún momento ni los sucesos registrados en el yacimiento, ni que el conflicto, de hecho, no era con Goldcorp sino con las contratistas.

Un dragón fantasma

Los primeros movimientos de los manifestantes hicieron temer que se reprodujera un fenómeno como el de Cerro Dragón, en Chubut.
Aquel suceso tuvo como resultado instalaciones inutilizadas, vehículos destruidos, apilados y puestos sobre los techos de las edificaciones, amén del maltrato que sufrió el personal de seguridad estatal y privado presente en el lugar cuando comenzó la toma.
Como es común en este tipo de conflictos violentos, desde el inicio hubo más eficacia para acusar a posibles autores ideológicos que para encontrar soluciones.
Y también como ya ha sucedido, todos dijeron que no iban a permitir semejante nivel de violencia y destrucción, pero el gobierno le pidió a la Justicia que actuara, ésta le indicó a la Policía que desalojara, la Policía recibió orden de no hacerlo por la fuerza, y llamaron a la Gendarmería, y finalmente fueron los Dragones quienes levantaron las medidas, con la promesa de que no habría sanciones judiciales ni laborales.
Ahí cerquita, a menos de 450 kilómetros, hay un antecedente de comportamiento gremial violento. En el mes de julio de 2007, trabajadores enrolados en una facción opositora a la conducción nacional del gremio marítimo SOMU, quemaron ocho plantas pesqueras en Puerto Deseado. También allí intervino el gobierno nacional, se aseguró que eran conductas inadmisibles, hubo acusaciones y al final se inició un camino de diálogo, que encontró respuestas a varios de los reclamos. Y nadie fue acusado formalmente, ni procesado, ni mucho menos castigado.

Los errores se pagan

¿A qué punto de conflicto hay que llegar para que los trabajadores de un sector decidan destruir las instalaciones donde se producen los ingresos que pagarán sus sueldos, los impuestos que financiarán las escuelas de sus hijos y los contratos de servicios que darán de comer a sus vecinos?
No es posible saberlo, pero debemos sospechar que en el medio ha existido desidia por parte de las autoridades laborales, que no intervinieron a tiempo, falta de diálogo con los empresarios y mucho desgaste.
Y también, lógico es suponerlo, la casi certeza de que no habrá represalias por los métodos que se utilicen para protestar.
Pero los errores se pagan, a la corta o a la larga, y recomponer la convivencia, las relaciones y, esencialmente, la confianza entre trabajadores y empresas, entre empresa y gobierno, se hace difícil cuando hechos como estos, que espantan e indignan, no tienen consecuencias para quienes los protagonizan.
Un directivo de una de las mineras junior que viene sufriendo los embates de estos grupos desde hace tiempo, fue terminante: “las Empresas que aceptaron pagar los plus exigidos por los camioneros han terminado alimentando al mismo demonio”, y fue más allá al afirmar que “si las cosas siguen escalando, como viene sucediendo, es cuestión de tiempo comenzar a contar heridos y contusos, por eso las autoridades debieran recoger el guante y hacerse cargo de la parte que les corresponde, pero los engordadores de mafiosos también”.
El Estado debe controlar sin cortapisas a las empresas, y sancionar a las que incumplan la ley. Y debe hacerlo sin que importe en lo más mínimo si realizan tareas de responsabilidad social o colaboran con sus respectivas comunidades o el gobierno mismo. Pero también debe poner un freno a quienes, amparados en un posible derecho vulnerado, responden con la violencia y el vandalismo.
Reglas claras, aplicación de las leyes sin concesiones e intolerancia a la violencia como modo de expresión, son ingredientes esenciales para lograr el desarrollo de nuestros recursos de manera sustentable, sin los cuales cualquier política promocional estará condenada al fracaso.