Propuestas de asociación compulsivo

Socios a la fuerza

El proyecto de asociación compulsiva de las mineras privadas a Fomicruz que se presentó en la Legislatura de Santa Cruz, reabre el debate sobre la participación estatal en los negocios privados.

En el momento en que se comenzó a gestar la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi), una de las principales propuestas que circuló entre sus integrantes, y que incluso integró la declaración fundacional, fue la de utilizar a las empresas mineras estatales –existentes o a crearse– en las herramientas centrales para lograr tanto el desarrollo minero como el crecimiento de la participación estatal en la renta minera.
La Ofemi tuvo como objetivo fundacional unificar propuestas de desarrollo y de reparto de la renta, tratando de establecer criterios similares en todas las regiones, pero esto es algo que no parece que se vaya a lograr, al menos en el corto plazo.
En lo que si se coincidió entre los miembros de la Organización, con la excepción de San Juan, es en contar con una empresa estatal minera en cada provincia, que estuviera en condiciones de asociarse a proyectos privados, para aumentar la participación de las arcas provinciales en el negocio.
Como señalábamos, el único integrante de la Ofemi que no ha adherido a esta posición es San Juan, que justamente es la provincia que muestra el mayor desarrollo minero del país, y expone ante sus pares como ejemplo, los resultados de tener a la minería como política de Estado.
Sostiene como razón de su posición el gobierno sanjuanino, que el estado debe ser promotor, impulsor y controlador de la minería, pero nunca socio, porque eso le haría perder perspectiva y capacidad justamente de controlar, porque, asegura, no se puede ser juez y parte, porque indefectiblemente se fallara en uno o ambas funciones.
Más allá del caso particular de la provincia cuyana, existen varios modelos de empresas mineras estatales, la mayoría con una existencia solo en papeles, pero entre ellas se destacan dos modelos básicos.

Las dos puntas

Santa Cruz cuenta con Fomicruz, una empresa que interviene tanto en negocios mineros como petroleros. En Argentina es una empresa emblemática, porque ha firmado numerosos contratos –como el de Cerro Vanguardia, por caso– que le permiten obtener ganancias a partir de la inversión privada.
Fomicruz fue creada antes de que comenzara a regir el sistema legal minero vigente y de que la ola privatizadora alcanzara al petróleo, lo que le posibilitó contar con una cartera inicial de propiedades muy interesantes, tanto en hidrocarburos como en minería. Con esas empresas logra acuerdos de participación altamente convenientes.
En materia minera, Fomicruz invierte en prospección y exploración en cada una de sus propiedades, y luego busca asociarse para realizar la exploración avanzada y la posterior explotación, ya como socia, pero en todos los casos aportando un capital inestimable con el que ya cuenta: la propiedad del yacimiento.
En Jujuy, con otro modelo, hace unos meses se firmó un acuerdo con la minera Orocobre para la conformación de una sociedad mixta entre la nombrada y la estatal jujeña Jemse (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado), con el objeto de explotar el depósito de litio Salar de Olaroz.
En Salar de Olaroz, Jemse –que no es dueña del yacimiento– participará en costos, inversión y, a futuro, ganancias, con un 8,5%, para lo cual deberá integrar capital en ese porcentaje, abonando unos 19 millones de dólares anuales hasta completar el 8,5% de los 250 millones de dólares de inversión proyectada, por unos 8 años, parte de lo cual se abonará tomando las regalías que le corresponderían a esa provincia. Es decir, Jujuy resignará percibir ingresos en una etapa inicial, para multiplicarlos en el mediano y largo plazo, transformando una percepción impositiva en inversión y, luego, ganancias.

Socio a la fuerza

Hay un tercer modelo, que es el propuesto por Chubut en su marco regulatorio, y que mucho más exigente, se presentó en la Legislatura de Santa Cruz hace pocos días, generando no poco revuelo. Suscintamente, se propone que la asociación de la empresa estatal sea compulsiva y se constituya un requisito legal, es decir, para hacer minería hay que asociarse.
De acuerdo a esta propuesta, la empresa que quiera hacer minería en determinada provincia, deberá tomar a la empresa estatal como socia –en la propuesta de Chubut, del 4% como mínimo, y en la santacruceña, del 10% más un 8% del material extraído ya refinado y libre de todo costo–, pero no se define ninguna contraprestación para el inversor privado por esa sociedad (cuando no hay titularidad del yacimiento, como en el caso Fomicruz, ni aporte de capital, como ocurre con Jemse), con lo cual muchos empresarios entienden que se trata de un impuesto a las ganancias adicional encubierto, o una lisa y llana expropiación parcial a título gratuito, lo que tiene cierta lógica, porque si se obliga a una empresa a compartir las utilidades con otra que no aporta nada, lo que se está haciendo es pagar un canon a las ganancias, como el impuesto homónimo, pero a nivel provincial, y si se obliga a compartir la sociedad con un socio que no aportó nada, se trata de una transferencia de acciones obligatoria y a título gratuito, que técnicamente es una expropiación.

Mala consejera

Más allá del modelo que se aplique, lo que siempre hay que tener en cuenta es que una empresa estatal es, ante todo, una empresa, y debe ser manejada como tal. La única diferencia con una sociedad anónima será, en definitiva, que en lugar de repartir utilidades entre accionistas, las entregará al gobierno que la controla, pero esas utilidades se pueden disponer después de reinvertir, pagar costos e impuestos y asegurar el futuro de la empresa, porque de lo contrario, si todo lo que entra como socia pasa a las arcas estatales, se produce lo que en cualquier compañía privada se califica de vaciamiento, lo que constituye un delito.
La presencia estatal en la industria minera no solamente es positiva desde el punto de vista de las finanzas públicas, sino que es positiva, al menos en la teoría, porque interviene en el mercado como regulador, ya no solo fijando reglas de juego sino también demostrando cómo hacerlo.
Pero una cosa es ser socios para el desarrollo futuro, y otra es obligar a hacerlo, de manera compulsiva, para cubrir una necesidad de aumentar recursos fiscales, sea esta coyuntural o no y esté originada por un ciclo económico externo o por una pésima administración interna de los recursos.
Hay países que intervienen en el desarrollo minero o petrolero de manera directa, a través de sus propias empresas, otros que se asocian al capital privado y muchos que no tienen ningún tipo de estructura estatal. En todos los casos hay grandes éxitos y también enormes fracasos.
Pero hacerlo por necesidad, desconectado de un plan de desarrollo a largo plazo, no es el mejor camino, porque como todos sabemos, la necesidad casi siempre es mala consejera.