Una aproximación a la presencia estatal en la minería

El estado como socio minero

Muchas provincias ya cuentan –o están en camino de lograrlo– con una empresa pública para intervenir en el negocio minero y mejorar los ingresos a las necesitadas arcas provinciales, siguiendo distintos modelos y con objetivos no siempre claros.

Desde la creación de la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi), formada hace unos meses, comenzó a tomar cada vez más impulso la idea de que las provincias cuenten con una empresa provincial de minería, que se asocie a los emprendimientos mineros en cada uno de los territorios, idea que ha sido fuertemente fogoneada tanto por la Secretaría de Minería de Nación, como por la propia presidente Cristina Fernandez de Kirchner, quien ha mostrado permanentemente a Fomicruz, la estatal santacruceña, como un modelo a seguir e imitar.

El único integrante de la Ofemi que no ha adherido a esta posición es San Juan, que justamente es la provincia que muestra el mayor desarrollo minero del país, y expone ante sus pares como ejemplo, los resultados de tener a la minería como política de Estado.
Sostiene como razón de su posición el gobierno sanjuanino, que el estado debe ser promotor, impulsor y controlador de la minería, pero nunca socio, porque eso le haría perder perspectiva y capacidad justamente de controlar, porque, asegura, no se puede ser juez y parte, porque indefectiblemente se fallara en uno o ambas funciones.
Más allá del caso particular de la provincia cuyana, existen varios modelos de empresas mineras estatales, la mayoría con una existencia solo en papeles, pero entre ellas se destacan dos modelos básicos.

Modelo Santa Cruz

Fomicruz es una sociedad cuyo único accionista es el Estado provincial, que interviene tanto en negocios mineros como petroleros. En Argentina es una empresa emblemática, porque ha firmado numerosos contratos –como el de Cerro Vanguardia, por caso– que le permiten obtener ganancias a partir de la inversión privada.
Pero, para no confundirse, hay que realizar dos aclaraciones al respecto.
La primera es que Fomicruz fue creada antes de que comenzara a regir el nuevo sistema legal minero vigente y de que la ola privatizadora alcanzara al petróleo, lo que le posibilitó contar con una cartera inicial de propiedades muy interesantes, tanto en hidrocarburos como en minería. Con esas logra acuerdos –y en muchos casos, tiene más candidatos que espacios para acordar– de participación altamente convenientes, que le permiten hoy superar los 2 millones de dólares mensuales de ingresos.
La segunda es que en materia minera, Fomicruz invierte en prospección y exploración en cada una de sus propiedades, y luego busca asociarse para realizar la exploración avanzada y la posterior explotación, ya como socia, pero en todos los casos aportando un capital inestimable con el que ya cuenta: la propiedad del yacimiento.

Modelo Jujuy

Hace pocos días, Jujuy firmó un acuerdo con la minera Orocobre para la conformación de una sociedad mixta entre la nombrada y la estatal jujeña Jemse (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado), con el objeto de explotar el depósito de litio Salar de Olaroz.
En Salar de Olaroz, Jemse –que no es dueña del yacimiento– participará en costos, inversión y, a futuro, ganancias, con un 8,5%, para lo cual deberá integrar capital en ese porcentaje, abonando unos 19 millones de dólares anuales hasta completar el 8,5% de los 250 millones de dólares de inversión proyectada, por unos 8 años, parte de lo cual se abonará tomando las regalías que le corresponderían a esa provincia.

Socio a la fuerza

Hay un tercer modelo, que es el propuesto por Chubut en su marco regulatorio, y que desde algunos sectores del gobierno santacruceño también se ha impulsado, que es el del socio como requisito legal.
De acuerdo a esta propuesta, la empresa que quiera hacer minería en determinada provincia, deberá tomar a la empresa estatal como socia –en la propuesta de Chubut, del 4% como mínimo–, pero no se define qué contraprestación recibirá el inversor privado por esa sociedad (cuando no hay titularidad del yacimiento, como en el caso Fomicruz, ni aporte de capital, como ocurre con Jemse), con lo cual muchos empresarios entienden que se trata de un impuesto a las ganancias adicional encubierto, lo que tiene cierta lógica, porque si se obliga a una empresa a compartir las utilidades con otra que no aporta nada, lo que se está haciendo es pagar un canon a las ganancias, como el impuesto homónimo, pero a nivel provincial.

Reglas claras

Más allá del modelo que se aplique, lo que siempre hay que tener en cuenta es que una empresa estatal es, ante todo, una empresa, y debe ser manejada como tal. La única diferencia con una sociedad anónima será, en definitiva, que en lugar de repartir utilidades entre accionistas, las entregará al gobierno que la controla, pero esas utilidades se pueden disponer después de reinvertir, pagar costos e impuestos y asegurar el futuro de la empresa, porque de lo contrario, si todo lo que entra como socia pasa a las arcas estatales, se produce lo que en cualquier compañía privada se califica de vaciamiento, lo que constituye un delito.
Cumpliendo con esos resguardos, la presencia estatal en la industria minera no solamente es positiva desde el punto de vista de las finanzas públicas, sino que es positiva, al menos en la teoría, porque interviene en el mercado como regulador, ya no solo fijando reglas de juego sino también demostrando cómo hacerlo.
Pero debemos convenir que no es la única forma de hacerlo, como lo demuestra el modelo de San Juan al que hacíamos referencia al inicio.
Hay países que intervienen en el desarrollo minero o petrolero de manera directa, a través de sus propias empresas, otros que se asocian al capital privado y muchos que no tienen ningún tipo de estructura estatal. En todos los casos hay grandes éxitos y también enormes fracasos.
Y esto sucede porque para que la producción minera o petrolera sirva a una provincia a una nación, no es necesario que el negocio esté en manos del estado, pero sí que quienes producen –sea el estado o el capital privado– lo hagan jugando reglas claras con las que se asegure tanto la continuidad y crecimiento de la industria, como que ese desarrollo tenga como beneficiario principal y objetivo primordial el mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad en que se desenvuelve.
Si la empresa hace buenos negocios y la comunidad sigue igual o retrocede en algún aspecto –ambiental, social, laboral o económico– es tan grave como si el estado percibe enormes ingresos a costa del retroceso o del descontrol de la industria.
Encontrar el equilibrio es el verdadero desafío.