AOMA Santa Cruz El Gremio de los Mineros Santacruceños
Sin Freno
En un artículo de Roberto Mendoza publicado en la edición Nº 20 de revista Núcleo, se informa que después de algunas escaramuzas sobre las empresas mineras que se encuentran en producción, o en vías de estarlo, grupos de personas identificadas como integrantes del gremio Camioneros, comenzaron a arremeter con presiones y actitudes de neto corte patoteril sobre las más pequeñas, que realizan exploración en el Macizo del Deseado, poniendo en jaque la continuidad de sus trabajos, sin que hasta el momento parezca posible que alguien ponga coto a tan impropio proceder.
Tras describir las tareas de exploración que realizan estas pequeñas empresas mineras en un “proceso de trabajo tan arduo como gratificante para quienes lo ejercen”, afirmando que “esta etapa de laboreo minero es la de mayor riesgo, porque se calcula que menos de un 5% de las exploraciones darán lugar al nacimiento de un proyecto de explotación”, el artículo explica que “las empresas contratan los insumos mínimos para trabajar y, en general, se manejan con presupuestos acotados, ya que no siempre les resulta fácil conseguir financiación para proyectos con tan alto nivel de riesgo; y además ese dinero es el primero que desaparece del mercado ante el menor cimbronazo y, no resulta ocioso recordarlo, cimbronazos son precisamente los que sobran en la economía mundial de los últimos tiempos”.
Pero viene sucediendo que, “al influjo del boom minero, muchos sectores han vuelto la mirada hacia la actividad, algunos proponiéndose ingresar lícitamente al negocio como inversores, proveedores, profesionales o trabajadores, y otros tratando de imponer sus propias reglas mediante prácticas de distinto tipo, todas reprobables, que van desde el “apriete- sugerencia”, a la intimidación lisa y llana”, afirma Mendoza, y señala como responsables “de estas prácticas, a las que nadie hasta el momento parece estar dispuesto a poner coto, son grupos de personas identificados como integrantes del gremio Camioneros, algunos de ellos alegando un aval explícito de su conducción nacional”, acotando que estos conflictos, que se vienen multiplicando en los últimos años, han comenzado a tener consecuencias directas en la actividad minera, y no son pocos los que, aunque por ahora sotto voce, han manifestado la posibilidad de levantar campamento (literalmente) hasta que la situación se clarifique.
En mayo de 2009, representantes del gremio Camioneros cortaron el ingreso a la unidad minera San José, reclamando el encuadre gremial de gran parte de los trabajadores que allí operaban, con el conocido argumento de que “si trabajan con equipos que tienen ruedas, son nuestros”.
La movida fue protagonizada por diez trabajadores de ese gremio, que provenían en su mayoría de San Juan y Bahía Blanca, cosa que llamaba la atención de algunos de los que sufrieron ese primer reclamo, porque no era lógico traer trabajadores para esas tareas desde tan lejos.
La seccional Santa Cruz del gremio que nuclea a los trabajadores mineros, AOMA, realizó las denuncias correspondientes ante la Justicia y el Ministerio de Trabajo, pero como los días pasaban y no se obtenía ninguna respuesta concreta –algo que se repite en numerosos casos similares en distintos puntos del país–, decidieron cortar la Ruta 3, a más de 120 kilómetros de la entrada al yacimiento, para evitar la confrontación directa y hacerse oír.
La medida de los mineros tuvo dos consecuencias: se inició una actuación por encuadre sindical en la sede de la cartera de Trabajo, que aún no termina, y se procesó al secretario general de la Seccional Santa Cruz de AOMA, Javier Castro, por el corte de ruta. Para los camioneros que bloqueaban el ingreso a la mina no hubo sanciones.
Luego de algunos meses en los que se registraron situaciones menores en distintos yacimientos, el conflicto se trasladó al proyecto Cerro Negro, que opera Goldcorp. Cuando los Camioneros quisieron irrumpir en empresas en producción en general lo hicieron en forma orgánica, algunas veces con el apoyo de personal de la compañía y otras desde afuera, tratando de ganar nuevos afiliados con la promesa de mejoras que, según los mismos trabajadores mineros, resultaban increíbles y alejadas de toda realidad, máxime si se las compara con la forma en que cumplen sus tareas habitualmente los camioneros que en las rutas argentinas trabajan al amparo de ese gremio.
Ante la falta de éxito, desde mediados del año pasado y hasta la fecha, el modo de presión y el objetivo cambió.
“La presión comenzó a ejercerse entonces sobre las junior exploradoras, pero ya no tenía como objetivo la afiliación de su personal a Camioneros, sino lograr la digitación de los transportistas que debían ser contratados y los que no”, dice el artículo. Huelga decir que los “recomendados”, ofrecían sus servicios a precios sideralmente superiores a los ofrecidos por los contratistas habituales. La prepotencia con que las más de las veces esos planteos fueron efectuados, terminaron generando un clima enrarecido y en ocasiones de gran tensión ya que, como manifiesta un profesional de una compañía exploradora “estamos en presencia de toda una organización que, con una impunidad llamativa, provoca, presiona y desafía a todo el mundo”, detallando que “entran al proyecto apretando y exigiendo que se contrate a una empresa determinada, o si no, que nos atengamos a consecuencias, que de todos modos no especifican”.
“Es el mismo sindicato de Camioneros el que le pone el precio a las contrataciones, a la cantidad de personal que se moverá en cada una de ellos y que varía las condiciones cada vez que lo necesitan o les resulta más conveniente”, indica un conocedor de estos problemas.
También son apretadas las empresas de servicios de perforación que trabajan para las junior, lo que enrarece aún más el clima, y ha provocado que al menos tres compañías se hayan retirado de la zona y más de una docena hayan frenado casi totalmente sus labores para proteger sus equipos y esperar hasta que las condiciones cambien.
Edgardo Volpi, gerente de Relaciones Comunitarias de Minera Santa Cruz, explicó una de las consecuencias, en este caso económica, de los aprietes: “Todos sabemos que en la Patagonia las cosas son más caras, pero no por eso tienen que soportar que los presionen para contratar por valores ocho veces más altos que en el norte, como se da en muchos casos. Esto pone, indudablemente, en grave riesgo la actividad de exploración, a la que estos grupos gremiales no conoce ni comprende, ya que la exploración es ni más ni menos que la garantía de continuidad en el futuro, de miles de puestos de trabajo; por que de las exploraciones de hoy, surgirán los proyectos mineros de mañana”.
La gente de AOMA se indigna con este proceder y tiene un juicio lapidario sobre sus motivaciones: “Nosotros nos movemos con una camioneta, haciendo desvíos cuando vamos de una delegación a otra y basándonos en la información oral de nuestros mismos compañeros, en tanto que los Camioneros cuentan con más movilidad y recursos, aunque a ellos no los mueve lograr ningún tipo de mejora para los trabajadores, sino forzar a que empresas amigas se apoderen del negocio, es decir que para estos tipos estar dando vueltas por el medio de la pampa no es ningún sacrificio, sino una inversión con rápido retorno”.
Asegura Mendoza que en los primeros hechos, “varias de las mineras afectadas decidieron finalmente pactar, un poco debido a la idea de privilegiar la continuidad de las labores emprendidas, y otro poco por el escaso eco que sus reclamos tuvieron y la constatación de la absoluta impunidad con que estos grupos se movían”.
Pese a las distintas reuniones celebradas en los últimos meses, en las que el gobierno provincial se comprometió a intervenir en el asunto y “asegurar la paz social” en los yacimientos, las dificultades para las empresas mineras exploradoras se vienen repitiendo y amplificando.
Al parecer, con la continuidad de los hechos de violencia y la repetición de piquetes y aprietes, la paz social aún no se ha logrado preservar, motivo que estaría llevando a las empresas más chicas a evaluar seriamente minimizar o suspender su presencia en la Provincia, por encontrarse, como algunos lo han calificado, “en situación de total indefensión”. Esto demostraría que no se logró, cuatro meses después de esa reunión, restaurar la paz social que las autoridades se habían comprometido a preservar.
Edgardo Volpi, directivo de Minera Santa Cruz, cuenta: “Nosotros no hemos sido afectados de manera directa en los últimos hechos, aunque sí vivimos uno de los primeros, hace más de tres años, cuando gente perteneciente al grupo de Camioneros bloqueó el ingreso a la planta. Ahora, las situaciones más difíciles las viven las empresas más chicas, que se encuentran en etapa de exploración y trabajan en zonas más aisladas y con campamentos que todavía son precarios, porque los trabajos recién se inician. Esas empresas tienen un esquema de funcionamiento muy especial, ya que están en una etapa de inversión pura, en pos de consolidar recursos que permitan en un futuro no demasiado inmediato, contar con nuevos proyectos productivos, pero que hoy no tienen más que el riesgo exploratorio, por lo que son muy vulnerables a las presiones y se les dificulta mucho la tarea cuando sucede en un marco de amenazas y agresiones”.
Concluye Volpi que “está en riesgo la actividad de exploración. Hay que entender que las compañías que invierten en la construcción de una planta y en producción no son las que exploran. La exploración está a cargo de pequeñas compañías, muchas veces conformadas por un grupo mínimo de personal, que invierten años de trabajo en el campo para determinar si una zona es atractiva o no para una futura explotación. En la gran mayoría de los casos no logran los resultados anhelados, por lo que el riesgo tomado no rinde los frutos deseados, y si además, se las somete a presiones externas y a costos por encima de lo esperado, lo que se pone en riesgo es la continuidad”.
Por su parte, el secretario general de AOMA Santa Cruz, Javier Castro, afirma que “las tareas de las empresas exploradoras no son más que el inicio de un proceso que termina en una producción minera, que puede albergar a mil trabajadores y tres mil contratistas, y si a las empresas exploradoras se las lastima, se las daña y no se les permite realizar su actividad, en realidad lo que se está coartando es el trabajo de cuatro mil trabajadores mineros”, señalando de manera categórica que “si quienes tienen el poder de decisión y la potestad de terminar con algunas cuestiones no las ejecutan, se deberán hacer cargo de lo que su falta de acción provoque a la vuelta del tiempo”.
Recordó Castro que él ya habló “en un montón de medios explicando que a la minería hace cinco años no se le acercaba ningún gremio ajeno ni muchas autoridades, pero como creció y demostró que tiene un potencial enorme, y se hacen las cosas bien, hoy todos quieren ser parte, entrar en la foto y participar a como dé lugar”. Pero asegura que como trabajadores y representantes gremiales “lamentablemente nosotros sólo podemos denunciar y proponer soluciones, pero no podemos disponer nada”.
Finaliza el artículo de revista Núcleo afirmando que “el proceso minero, desde que se tiene la sospecha de la presencia de un depósito mineral determinado hasta que entra en producción, insume casi siempre más de una década. Luego se pone en producción y finalmente, cuando el recurso se agota, cierra. Los trabajadores que van adquiriendo conocimientos y experiencia, al igual que los proveedores de bienes y servicios, van rotando entre los distintos emprendimientos, interviniendo en cada etapa en la que se especializan y manteniéndose así el nivel de ocupación y de salarios.
Si se deja de explorar, si no se descubren y cuantifican nuevos yacimientos, el círculo en algún momento se cortará, e inexorablemente, en el mediano y largo plazo, los puestos de trabajo y los recursos irán mermando, como lo demostraron los sucesos recientemente acaecidos en la actividad hidrocarburífera”.
“Que una junior minera pequeña deje hoy de explorar, debido a la insostenible situación creada por este tipo de presiones, seguramente no se sentirá ni en la tasa de ocupación, ni en la economía de las proveedoras de servicios, ni mucho menos en las arcas estatales del presente o del futuro inmediato. Pero algo debe quedar claro: lastimar la exploración, es hipotecar el futuro”, concluye Mendoza
