Tras la creación de la OFEMI, llegó el acuerdo

Cómo aumentar ganancias es la cuestión

La recientemente constituída OFEMI, suscribió esta semana el Acuerdo Federal Minero, en el que se sientan las bases comunes para que las provincias donde se desarrolla la minería, actúen con reglas más o menos similares. El tema central, como siempre, fue cómo hacer para conseguir más plata.

(Por Roberto Mendoza)

Tal como se había anunciado en el acto de conformación de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), los gobernadores que integran el organismo suscribieron el anunciado Acuerdo Federal Minero.
Firmaron el acuerdo los gobernadores de Jujuy, Eduardo Fellner (presidente de OFEMI); de Salta, Juan Manuel Urtubey; de Catamarca, Lucía Corpacci; de la Rioja, Luis Beder Herrera; de San Juan, José Luis Gioja; de Mendoza, Francisco Pérez; de Neuquén, Jorge Sapag y de Santa Cruz, Daniel Peralta, en tanto que en representación del rionegrino Alberto Weretilneck firmó su ministro de la Producción Juan Manuel Pichetto, y por el chubutense Martín Buzzi lo hizo el titular de Petrominera, Oscar Cretini.
Afirma el documento firmado que la iniciativa se sustenta en la necesidad de coordinar “una política de Estado que propenda a desarrollar el potencial minero de la Nación y se analice en forma permanente la temática en materia minera, a fin de reflejar los umbrales o criterios necesarios para regular las evaluaciones estratégicas de planes y programas, en el marco de un autentico federalismo”.

Aumentar participación

José Luis Gioja sintetizó uno de los puntos centrales en los que se tratan de compatibilizar posiciones dentro de la OFEMI, que es el de las regalías provinciales, las que según el marco regularorio vigente, son del 3 % del valor boca mina.
El cuyano destacó cómo su provincia no modificó las regalías y puso en juego el aporte que se logró mediante la implementación de los fondos fiduciarios, un aporte obligatorio de las empresas para desarrollo local y obras de infraestructura, que forma parte de la declaración de impacto ambiental que se otorga a la minera al momento de obtener los permisos para iniciar la produccción. Esta iniciativa provoca en San Juan aportes directos de las empresas a las intendencias o departamentos.
Además de ese aporte, el gobierno sanjuanino incrementó en prácticamente un punto más el porcentual de regalías que percibe, sin alterar la estabilidad jurídica que rige por ley, al establecer que se toma el valor del mineral sin descuento de gastos.
Con respecto a contar con una empresa minera, como en Santa Cruz con Fomicruz, Gioja siempre se ha manifestado contrario a ese sistema de asociación, argumentando que el Estado está para controlar la producción y no para ser parte de ella.
No obstante el concepto generalizado de los demás gobernantes, hecho saber en otros foros, es el de participar de la renta minera mediante empresas públicas provinciales, que se asocien al capital privado para obtener un porcentual de las ganancias, como ocurre con Fomicruz, que percibe por su participación en Cerro Vanguardia, por ejemplo, un 7,5% de ganancias como socio y un 6,6% del mineral extraído, por ser titular de los derechos.
Semanas atrás, el gobernador Daniel Peralta sugirió que las mineras paguen igual porcentaje de regalías que las petroleras, un 12 %, y argumentó que hay una crisis y su gobierno necesita incrementar los ingresos fiscales.
Desde la industria han coincidido en afirmar que minería e hidrocarburos no son actividades comparables, ya que la inversión en uno y otro caso es completamente distinta, al igual que la ocupación de personal y el nivel de contratación de bienes e insumos en la zona.
Con todo, en los fundamentos del acuerdo suscripto, se dejó bien claro cual era la posición mayoritaria, al sostenerse que “corresponde promover en todas las jurisdicciones federales que conforman la OFEMI la constitución de empresas públicas mineras provinciales, fideicomisos para construir obras de infraestructura básica con lógica productiva e incidencia social y la creación de agencias de desarrollo locales, como instrumentos para alcanzar escenarios de plena convivencia entre los sectores productivos y la sociedad”.

Buena consejera

No escapa a nadie que muchas provincias atraviesan por una situación fiscal que va de endeble, en algunos casos, a decididamente crítica, como es la situación actual de Santa Cruz. En ese marco, es lógico que los gobernantes salgan a buscar formas de financiar el déficit o asegurar el futuro, y ante la imposibilidad –por el momento, al menos– de discutir un sistema de coparticipación con Nación que haga más llevadera la coyuntura, el incremento de la presión tributaria es una de las herramientas que más a mano se tienen.
La cuestión es que nunca la necesidad es buena consejera, y aunque a veces las crisis actúen como una oportunidad, la experiencia indica que son más los errores que se cometen que las soluciones superadoras que se encuentran.
Cada estado federal tendrá que ir buscando la forma de ajustar las reglas de juego en sus respectivos territorios, para asegurar el desarrollo minero que dicen querer impulsar, por un lado, e incrementar al mismo tiempo los fondos para contar con una situación presupuestaria más holgada.
Para ello hay que estudiar el panorama, trabajar en proyectos que sean aplicables y que sirvan para mejorar la calidad de vida de la comunidad en general, y no solo las cuentas públicas.
Porque, como ya hemos dicho en esta columna, a la minería –como a toda actividad productiva– no hay que evaluarla solamente por la cantidad de dinero que paga al Estado, sino esencialmente por su capacidad para generar trabajo, desarrollo local y mejores condiciones de vida para la comunidad, con un sentido de sostenibilidad, es decir, que esas condiciones se mantengan aún cuando la producción haya finalizado.