Desarrollo minero y desarrollo ciudadano

No todo es recaudación

A medida que el desarrollo minero avanza, lo hacen las exigencias sociales y las necesidades comunitarias. Tanto las empresas mineras como sus proveedores y la sociedad en general, deben marcar las pautas para asegurar la sustentabilidad de los proyectos, cuyo análisis no puede pasar sólo por la recaudación.
El proceso que sigue un proyecto de producción minera, en términos sencillos, es el de prospección, exploración, explotación y cierre.
Hasta llegar a la etapa de factibilidad –que es el punto en que se define si un yacimiento es rentable y cómo será el proceso productivo a adoptar–, pasan de tres a diez años y luego, dependiendo de las reservas con que se cuente, la producción se extiende por un período determinado, hasta que el yacimiento se agota o la extracción del mineral no es económicamente rentable. Entonces, deviene el cierre de la explotación.
Las empresas mineras, para dar cada paso, deben presentar un informe de impacto ambiental, en el que se establecen todos los parámetros y características que tendrá la actividad, la forma en que se impactará el medio ambiente y las medidas que se tomarán para disminuirlo o mitigarlo.
Ese informe se renueva cada dos años, a fin de actualizar los datos y corregir posibles desvíos, y al mismo tiempo se le agregan anexos para cada cambio en el desarrollo del proceso minero que no estaba previsto en el informe inicial.
Hasta que el informe –o sus anexos– no están aprobados por la autoridad de aplicación, las empresas están inhibidas de continuar la actividad.
El informe también contiene, en todos los casos, una estimación de la vida útil y el plan de cierre que se pondrá en marcha cuando finalice la actividad.
Esto significa que el proceso que se realizará cuando ocurra el cierre de la explotación, es conocido, evaluado y aceptado por la autoridad de aplicación desde antes de que se extraiga la primer palada de material.

La variable tiempo

Cuando se expone a consideración de la comunidad un proyecto minero, uno de los primeros interrogantes es cuánto durará, algo a lo que las empresas, en general, son remisas a contestar. Esto es así porque, cuando comienza el desarrollo de un proyecto, se lo hace teniendo en consideración las reservas confirmadas de mineral con que se cuenta, pero la exploración continúa y esas reservas se irán ampliando, lo que hará aumentar la vida útil de la mina.
Por otra parte, por tratarse de commodities, tanto el oro como la plata registran valores de mercado que poco y nada tienen que ver con el costo de producción, por lo que una proyección económica a plazos superiores a diez años es prácticamente imposible. Basta con observar las variaciones del valor de la onza en la última década para comprenderlo.
Además, el costo de producción por onza también está sujeto a variables –como el costo laboral o el de suministro energético, por caso– que pueden llegar a hacer variar la ecuación y volver la producción no rentable, o por el contrario, tornar atractivos yacimientos hasta entonces dejados de lado, disminuyendo o ampliando el tiempo de explotación.

Conceptos complementarios

La industria minera se basa en la explotación de recursos no renovables, es decir que en algún punto, el mineral que se extrae se agota, y la mina cierra.
Por ello, las comunidades deben promover que esa explotación se haga de manera sustentable, tanto en lo económico como en lo social, ambiental y estructural.
Desde el punto de vista económico, significa que no solamente la actividad minera obtenga beneficios, sino que las demás actividades productivas que coexisten o se creen, también puedan desarrollarse, o al menos no retrocedan.
Sustentabilidad social implica que la industria minera que se instala cuente con la licencia social –es decir, consenso– para desarrollarse, y que interactúe con las estructuras comunitarias existentes, de manera que no solamente sus empleados y proveedores se vean beneficiados, sino que todos los vecinos sean receptores de ese impulso.
La sustentabilidad ambiental es una obligación que, en los tiempos actuales trasciende los mandatos legales vigentes. Las empresas mineras no solamente tienen que reducir el impacto a la menor expresión posible, sino que además deben asegurar que los vecinos participen en los monitoreos, se involucren y sean celosos guardianes del cuidado ambiental, tanto para el proyecto minero como para las demás actividades productivas que se desarrollen a su alrededor.
La sustentabilidad estructural significa el compromiso de las empresas con todos los estamentos comunitarios, para asegurar que el nivel de desarrollo que alcance la sociedad involucrada, se mantenga e incluso se amplíe, más allá de la fecha en que la mina deje de producir.
Este es el principal aporte que deben hacer no solamente las empresas dedicadas a la metalminería, sino también sus proveedores y prestadores de servicios, porque si se va a extraer un recurso no renovable, se deben desarrollar al mismo tiempo, los mecanismos que aseguren que el impulso económico y social no finalice con el recurso, sino que continúe a través de otras actividades productivas, que sean capaces de mantener los niveles de vida alcanzados en el cénit de la producción.

Visión de conjunto

Con avances, y también con retrocesos, las sociedades en donde la minería no es una cuestión teórica sino una realidad diaria, van trazando caminos que permiten avizorar un mejor futuro para las comunidades inmediatas, y para la provincia en general.
Es importante, en ese aspecto, dejar de medir lo beneficioso o no de una actividad determinada, en función de lo que aporta al estado en concepto de impuestos, aportes o retenciones, y empezar a hacerlo con una visión global, que tenga como eje el bienestar de los ciudadanos y no el balance de tesorería.