Declaración de la Fundación Cambio Democrático

Superar la conflictividad

La fundación Cambio Democrático es una organización que viene trabajando en el país, con el objetivo de prevenir conflictos sociales y buscar formas superadoras de relación, para obtener mejores logros para la comunidad en general, “de cara a avanzar en un proceso de desarrollo humano sustentable y democrático”.
La fundación integra la “Plataforma de Diálogo para el Desarrollo de una Minería Responsable en Argentina”, junto a otras prestigiosas organizaciones y universidades(entre las que se cuentan la Fundación Vida Silvestre y la Universidad de Buenos Aires), con el apoyo del Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo, desde la cual se ha construido un Mapa de Conflictividad Minera, un sitio de información sistematizada, de acceso público irrestricto, en el que se detallan posiciones de los distintos actores sociales en zonas donde hay algún tipo de actividad minera, el cual, según la organización, sirve para “visibilizar y monitorear de manera permanente la evolución de la conflictividad, para así mejorar la calidad del debate público”.
Justamente este mapa ha sido puesto criticado en los últimos días por algunos medios, poniendo en dudas su transparencia o calificándolo lisa y llanamente de espionaje minero, algo que, de acuerdo a las afirmaciones de la Fundación y de los demás integrantes de dicha Plataforma, está muy lejos de la realidad.
Afirma la Fundación Cambio Democrático que “en los últimos 10 años, la política minera en la Argentina tuvo como resultado un incremento exponencial del volumen de inversión en materia de proyectos mineros de gran escala, y un crecimiento correlativo de la actividad”, pero advierte que esa expansión “ha despertado reacciones opuestas en grupos significativos de la ciudadanía, ya que mientras algunos actores muestran expectativas de empleo y de crecimiento económico, otros muchos expresan temores y objeciones respecto a la forma en que el Estado regula dicha actividad y, en particular, a los impactos sobre el bienestar socio-ambiental presente y futuro de la población, lo que en muchas provincias ha provocado situaciones de innegable conflictividad, que requieren un abordaje democrático e innovador”.
Cambio Democrático hace una evaluación crítica de algunos de los últimos conflictos, ejemplificando que “los episodios de protesta social y represión estatal ocurridos en los últimos meses en La Rioja y Catamarca, asociados a la actividad minera de gran escala, actualizan un tipo de conflictividad social en crecimiento y dejan al descubierto la insuficiencia de los modos tradicionales de abordar estas problemáticas”, señalando que “aquellos métodos vinculados a la imposición de políticas y a la represión de la protesta no sólo se revelan rápidamente como ilegítimos sino que, por inconducentes, suelen agravar la situación de crisis y alejar horizontes de resolución adecuada”.
“La realidad nos envía señales claras de la necesidad de buscar alternativas que, a través de un debate profundo, honesto y racional, permitan dotar a la política minera de bases con mayor legitimidad social”, remarca, afirmando que se debe tender a “una política minera que contemple las principales objeciones al modelo de desarrollo minero vigente, y que, como resultado de un proceso de diálogo, amplíe los puntos de vista de los distintos actores involucrados, de manera que se pueda acordar qué modelo de desarrollo se elige para el país”.
“Para ser efectivo –continúa– el debate debe ser de alcance federal y debe centrarse en el territorio mismo, y a su vez, se debe nutrir de información científica que resulte legítima para los involucrados”, y agrega como “algunos otros puntos claves para una agenda estratégica”, el fortalecimiento institucional del Estado en su capacidad de regulación y control de la actividad; la planificación de los usos legítimos y sustentables del territorio, así como del modelo de creación, distribución e inversión local de la renta minera; la implementación de mecanismos de seguros ambientales, tanto durante la explotación como luego del cierre de estos proyectos; la evaluación de la capacidad de carga productiva de los ecosistemas; la implementación de mecanismos de consulta previa a los pueblos indígenas y de participación ciudadana que busquen un equilibrio, frente a la gran asimetría de poder entre los involucrados.
Desde hace seis años, Fundación Cambio Democrático trabaja en la prevención y transformación democrática de los conflictos en torno a las industrias extractivas, a través de diversas iniciativas, tales como el fortalecimiento de la sociedad civil del país y de la región en su capacidad de incidencia en políticas públicas, con miras a reducir las asimetrías existentes en la prevención y transformación de conflictos; la conformación, junto a un prestigioso grupo de universidades y organizaciones de la sociedad civil, de una “Plataforma de Diálogo para el Desarrollo de una Minería Responsable en Argentina”, que busca servir como espacio de reflexión y deliberación en torno a esta actividad. También, en el marco de la Plataforma, se ha elaborado un “Mapa de Conflictividad Minera”, público, “que permite visibilizar y monitorear de manera permanente la evolución de la conflictividad, para así mejorar la calidad del debate público”.
Concluye Cambio Democrático que “la situación presente pude ser vista como crisis, pero también como una gran oportunidad para contribuir a un debate serio y transformador sobre el rol de la actividad minera en el desarrollo nacional. Un debate en el marco de una democracia comprometida con los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, que integre a todas las voces, de manera que se puedan tomar las mejores decisiones centradas en el bienestar integral del país y sus habitantes”.