AOMA Santa Cruz El Gremio de los Mineros Santacruceños
Lo que se va y no vuelve
(Por Roberto Mendoza especial para La Opinión Austral)
Cada vez con más firmeza y vehemencia, municipios y autoridades comunales de las localidades cercanas a los emprendimientos metalmineros de todo el país, reclaman un mayor aporte de las mineras al desarrollo local, proponiendo compartir una parte de las utilidades, recibir un porcentual de lo que pagan en concepto de regalías, o comprometer un monto determinado en la conformación de fondos para obras específicas.
A más de un dirigente y en no pocos programas periodísticos se ha escuchado decir que el porcentual de regalías que pagan las mineras a las provincias es el único tipo de tributo que hacen, y que incluso por medio de oscuros vericuetos legales, el Estado termina pagándoles más de lo que recibe, a través de subsidios.
Nada más alejado de la realidad.
De acuerdo a las leyes que rigen a la minería, las actividades que implican inversiones de riesgo –como en este caso, la exploración– están exentas de varios impuestos nacionales y gozan de diversos beneficios promocionales, como lo están la mayoría de las labores en casi todas las industrias –como la agropecuaria, por caso– cuando se trata de actividades de riesgo o de inversión para una futura producción.
Pero desde el mismo momento en que comienza la producción en un yacimiento, la empresa paga todos los impuestos que son de aplicación para la mayoría de las actividades económicas en el país.
El reparto de la torta
En un estudio realizado por la revista especializada Mining Press, en su edición Nº 45, alrededor del 52% del valor de cada onza de oro o plata que se extrae, corresponde a la suma de los impuestos que se abonan (IVA, Ganancias, Créditos y Débitos, II.BB., sellos, regalías y otros), el 35% son costos de producción (dependiendo de la estructura y momento de cada yacimiento) y cerca del 13% corresponde a la rentabilidad.
En función del destino que tienen, del total de onzas extraídas, el 75% queda en Argentina (bienes y servicios más impuestos) y el 25% va al exterior (bienes y servicios más dividendos).
En Santa Cruz, la industria minera aporta, a partir del momento en que comienza a producir, hasta el 3% del valor del material extraído en boca de mina, previo descuento de los costos de producción. A ello se suma el 1,62% del total de impuestos nacionales coparticipables aplicados a la actividad.
La vicepresidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación, Gladys González, dice en torno a la cuestión del reparto, que “los beneficios que las explotaciones mineras generan para las provincias son insuficientes. Pero el problema no radica, como algunos creen, en que la actividad minera no genera ingresos fiscales, sino en una distribución inequitativa entre la Nación y las provincias”.
“Estamos trabajando con nuestros equipos técnicos en una propuesta para redistribuir mejor la renta minera entre Nación y provincias, a fin de que estas últimas, que son las dueñas del recurso mineral, lleguen a duplicar sus ingresos por el aprovechamiento de sus recursos. Pero además, el mayor beneficio no debe traducirse únicamente en regalías, sino también en la creación de fondos específicamente destinados para financiar el desarrollo social sustentable de las zonas mineras”, comentó la diputada nacional.
Comunidades asociadas
En Santa Cruz, la minera metalífera más antigua, Cerro Vanguardia, destina un porcentaje de sus utilidades (casi 7 millones de pesos en 2011) a proyectos de desarrollo consensuados con los representantes de San Julián, a través de la Fundación Agencia de Desarrollo. El dinero se aplica a obras y adquisición de equipamiento para mejorar la infraestructura básica, apoyo a actividades culturales, educativas y de capacitación, y otorgamiento de créditos para proyectos productivos.
Por su parte, Oroplata –subsidiaria de Goldcorp– ha comprometido un porcentaje de lo que produzca el proyecto de Cerro Negro, para fines similares en Perito Moreno, que se espera que tenga una estructura de fideicomiso administrado por una organización similar a la sanjulianense.
Por su parte, Minera Triton Argentina, que administra Manantial Espejo, en cercanías de Gobernador Gregores, ha venido realizando aportes para distintas actividades productivas –como el sistema de producción de carne local, que ya está en marcha, y talleres de emprendedores locales– y un fondo de becas universitarias, y a partir del convenio suscripto el 1º de mayo, en el marco de su política de responsabilidad social empresaria, comprometió realizar un aporte voluntario de 1,26 % del valor en boca de mina del mineral extraído (base de cálculo para regalías mineras) para el año 2011, cuyo monto asciende aproximadamente a 4 millones de pesos, al Municipio de Gobernador Gregores, el que a su vez se comprometió a utilizar estos fondos para inversión en equipos, maquinarias y obras de infraestructura en servicios, para dar respuesta al crecimiento permanente que tiene a partir de la actividad minera y al desarrollo sostenible de la localidad.
Aunque sin un acuerdo de similares características, San José – Huevos Verdes (de Minera Santa Cruz, en Perito Moreno), realiza igualmente aportes, especialmente en educación e infraestructura, para planes propios o previamente acordados con el Municipio.
De esta manera, las compañías tienden a dar un marco preciso a sus aportes, en tanto que las localidades beneficiadas muestran, con distintos grados de avance y de participación, proyectos que permitan asegurar el crecimiento comunitario cuando el mineral se agote.
Pero, como vemos, el grueso del dinero que aporta la minería, va directamente al Tesoro Nacional, y solamente un pequeño porcentaje queda en las provincias, y aún menos en las localidades, razón por la cual muchos dirigentes de las provincias productoras de metales preciosos, como San Juan o Santa Cruz, comienzan a mirar más a la Nación que a las empresas, a la hora de reclamar una porción mayor de la producción mineral argentina.
Hay que reconocer, además, que el aporte de las compañías va directamente a beneficiar a las comunidades cercanas, no llegando ese dinero a las que no cuentan con minería en su zona de influencia.
Es el estado provincial, entonces, el que tiene que velar por que el reparto sea más equitativo, de manera que los municipios que no cuentan con un yacimiento cercano, o están fuera de la zona de interés especial minero, también puedan disfrutar de algo de lo que la industria produce, y para ello necesita que lo que percibe sea más que las regalías.
Hay varias provincias –entre ellas, nuestra vecina Chubut– que han prohibido total o parcialmente la actividad minera en sus territorios, pero igual reciben lo que genera a través de la coparticipación nacional, algo que a los estados provinciales que sí aceptan la minería, no les termina de convencer.
