¿Se integra Río Negro al mapa minero patagónico?

“El Estado tiene funciones que son indelegables”

Gustavo Ferreyra es rionegrino, nacido y criado en Allen. La educación formal lo hizo Lic

enciado en Antropología en la Universidad Nacional de Rosario, y luego magíster en antropología social en la Universidad Nacional de Misiones. Se desempeñó en diferentes organismos públicos, docente en los niveles primario, secundario y universitario y consultor en el Consejo Federal de Inversiones y el INDEC . Llegó al sector minero de manera fortuita, “lo que produjo un nuevo cambio en mi vida”, en el que fue desde consultor independiente hasta empleado jerárquico y desde exploración inicial hasta proyectos de clase mundial como Navidad en la meseta central del Chubut. Es el actual Secretario de Minería de su provincia natal y con él dialogamos.

¿Por qué un antropólogo se interesa por la cuestión del desarrollo minero?

Hay un hecho que me marcó profundamente durante mi posgrado en Misiones, en una Universidad claramente orientada al desarrollo, que fue indagar acerca de la tarea emprendida por el gobierno de esa provincia en relación a la represa hidroeléctrica Yacyretá, donde para alcanzar el volumen de energía originalmente proyectado, había que inundar varios cientos de  kilómetros cuadrados en los que vivían decenas de miles de personas. Ello implicaba resolver una infinidad de aspectos, que incluían la liberación de las áreas a ser inundadas, la expropiación de los inmuebles, la relocalización de la población y de la actividad económico-productiva, la rehabilitación socioeconómica de las personas reasentadas y la solución del pasivo social de otras instancias del llenado. Son todas cuestiones sensibles: territorialidad, relocalización poblacional, incorporación de una enorme masa de capital para la construcción de la obra, trabajadores, técnicos, profesionales. Este esquema de trabajo tiene muchos puntos en común en cada lugar donde se instala un proceso económico nuevo, de cierta envergadura; donde se está incorporando una masa importante de capital, se introduce una aceleración de los procesos tecnológicos, junto a la necesidad de capacitación y cambios culturales. Este panorama, donde existen diferencias, a veces sustanciales, entre las comunidades del lugar y los actores externos, que son los que conocen lo que van a desarrollar es, y debe ser abordado desde la Antropología y las Ciencias Sociales en general.

¿Estos procesos son necesariamente traumáticos o pueden darse de una manera más o menos armoniosa?

Esa condición está íntimamente ligada a la metodología con la que se lleven adelante y al tiempo en el que se produzcan. La forma tiene que ser muy consistente con el objetivo. Por ejemplo, si hay una decisión del Estado de llevar adelante una obra que cubre una necesidad estratégica de energía, existe una ecuación costo- beneficio, donde en un platillo de la balanza está la riqueza para el país, con energía para sus industrias y beneficios en empleos genuinos y calificados, capacitaciones, y en el otro los cambios culturales que son inherentes a las comunidades locales, la necesidad de contención, junto a la garantía de que su calidad de vida estará mejor, o en todo caso igual, que lo que estaba antes de que se produzca el impacto. Cada proyecto debe evaluarse por su propia génesis, su desarrollo y su resultado final. Pero me parece importante señalar que en toda actividad humana se juegan este tipo de impactos, de dinámicas, de necesidad de cambio, adaptación y permanencia: Una comunidad campesina con una economía de subsistencia, que sufre doce periodos de sequia, puede terminar viéndose forzada a mutar hacia otros esquemas productivos. Eso pasó en nuestras poblaciones patagónicas, donde el efecto de las condiciones climáticas adversas se sintió agravado por los efectos de los volcanes. Ante esto, se generan adaptaciones, donde el papel del Estado se vuelve central. En nuestros tiempos, estos cambios están ligados a la necesidad de mitigar la pobreza o mejor aún de nivelar la cancha a través de la inclusión social, la ciudadanía social, para que al final del día podamos hablar de democracia real a través de la incorporación de otros procesos productivos, acompañados por la educación, la capacitación, la generación de mejores condiciones laborales. Todas estas cosas generan traumas y beneficios a los que hay que conducir, evaluar y corregir para que los procesos sean fructíferos para la mayoría de los que estuvieron involucrados.

¿Existe diferencia en si ese proceso es conducido por el Estado o por la iniciativa privada?

En la Argentina, una de las grandes definiciones del siglo XX fue el quiebre entre el rol del Estado como promotor del bienestar general, y la renuncia posterior a ocupar ese espacio. Al primero, lo conocimos hasta el año 73 el estado keynesiano liquidado internacionalmente por la crisis del petróleo y el fin del patrón oro, cuando el esquema cambió a nivel mundial. En Argentina ese proceso fue exterminado tras el golpe de estado del 1976 y la hegemonía económica que condicionó la democracia especialmente en la aplicación del fundamentalismo de mercado. Hasta entonces y a los tumbos desde la caída de Perón, el Estado se ocupaba de la función central, de los servicios indelegables, pero también de controlar y ser árbitro positivo frente a los intereses de la sociedad civil y de las corporaciones que ya estaban incorporadas a los esquemas económicos y a los factores de poder. Luego, en los ´90, se produce la renuncia del Estado a seguir ocupando ese espacio. Yo adhiero al modelo que plantea como irrenunciable la responsabilidad del Estado y de las políticas públicas a operar sobre la relación entre los intereses de los factores de poder, y las necesidades y derechos ciudadanos. Ahí es donde se nota cuál es el sentido de tener más fuentes de trabajo en esquemas que sean productivos pero que le sirvan a la sociedad para acrecentar su capital, ya sea económico, cultural o social y sobre todo para crecer en su ciudadanía. Si no se lo plantea de este modo, ya sea por error u omisión, el Estado termina actuando en contra de la sociedad civil. Ese rol es indelegable y es lo que ha faltado en los largos periodos dictatoriales. La política pública debe tender a garantizar que los que menos derechos reales tienen, puedan acceder al mismo estándar de vida que los que nacieron con la cuchara de plata en la boca. Estamos hablando de movilidad social.

¿Cómo es la situación actual de Río Negro desde el punto de vista político?

Para explicar la situación política actual hay que analizar cuál ha sido el resultado de casi tres décadas ininterrumpidas de ausencia en la alternancia del poder, de la continuidad de un partido político transformado en un régimen y las condiciones en las que quedó la provincia hacia fines del 2011. En ese momento, el actual gobierno, a través de una coalición entre el Peronismo, el Frente Grande y otras expresiones coincidentes con lo que se planteaba a nivel nacional, ganó las elecciones. De esta manera, se recibió una provincia en una situación grave desde el punto de vista financiero, productivo e institucional. Había ejemplos claros de una corrupción generada por la inercia de la continuidad en el poder y la ingeniería política armada como forma para retener ese poder; con desgastes de la política pública verificados en ese sistema corrupto que generó endeudamiento de la provincia, una malla de capas geológicas de prebendas que estaban en torno de la hegemonía del Estado, el que en lugar de erigirse en garante de los derechos de los ciudadanos, se transformó en un botín de guerra de los diferentes sectores del entonces partido gobernante. Carlos Soria denunció todo esto durante su campaña y planteó en forma muy clara la manera de transformar esa realidad. Su muerte produjo un gran vacío por las características que tenia este hombre que logró que el 54 por ciento de los votos lo respaldaran. Quien toma el timón entonces, es su compañero de fórmula, Alberto Weretilneck, quien recomenzó con diferentes estrategias para llevar adelante esa transformación, ese programa de gobierno, con otros tiempos, con otra impronta, y tratando de abarcar nuevas personalidades y amalgamar su propia metodología en el trabajo y la gestión. Son 28 años contra 11 meses, por lo que se han generado cimbronazos propios de la vida interna de los gobiernos. Pero hay hombres y mujeres que tienen hoy responsabilidades mayores en dar respuestas a las necesidades de la sociedad rionegrina, con liderazgo claro y sentido colectivo. Como se van dando las cosas, se observa un mayor protagonismo de los movimientos sociales alineados con el gobierno nacional y los gremios que están en un proceso de reorganización en la CGT de la provincia. Los intendentes del Frente para la Victoria, el Frente Grande o el PJ, tienen que redefinir sus objetivos y adecuarse a las condiciones de la provincia y de un nuevo líder. Se está trabajando en ese camino, ha sido muy difícil, con mucho dolor los primeros meses por el duelo de la pérdida del referente y líder natural del proceso y luego por la lógica tensión que tiene un gobierno que necesita de esos adecuamientos y reposicionamientos. Hoy el gobierno se estructura en el fortalecimiento de la figura del Gobernador, en el marco de una gestión que va avanzando hacia el programa que tenía Soria para la provincia, con una fuerte base productivista, de obra pública como motorizadora de la economía y una fuerte intervención en las diferentes estamentos de seguridad, salud y educación. Todo esto en forma trabajosa pero consistente.

¿Cuál es el mapa productivo de Río Negro?

Río Negro tiene una extensión de 232.000 km2, con 640.000 habitantes. El 95 por ciento vive en la zona de los valles irrigados y la cordillera el departamento General Roca, tiene 320.000 habitantes, Bariloche es la ciudad como mayor población de la provincia, la de mayor proyección internacional, con un desarrollo notable del complejo turístico y también con significativa conflictivitad social, y luego con sus particularidades Cipoletti, Viedma. Alrededor del 75% de territorio provincial tiene escasamente un habitante por km2. Ese es uno de los grandes déficits que tiene la provincia. Existe un desbalance demográfico-territorial muy grande, que replica un desbalance productivo. Hay áreas en el centro y sur provincial que tienen expectativas de crecimiento limitado, donde existe un déficit enorme por los impactos negativos que sufrió la ganadería extensiva, por los límites de ese modelo productivo y por falta de promoción de esos territorios en cuanto a la diversificación de su propia matriz productiva. Río Negro necesita incorporar orden a su esquema productivo, ordenar su complejo frutícola, dotarlo de mayor equilibrio, y promocionar la diversificación económica para darle a la cantidad importante de gente que está fuera del sistema la posibilidad de retornar a sus lugares de origen, fundamentalmente a los lugares que se han despoblado progresivamente como consecuencia de la crisis económica regional; asumiendo que las comunidades tienen particularidades hay derechos a los que todos tienen que acceder; trabajo digno, educación, salud y servicios considerados básicos, entre los que por supuesto se cuenta el de vivir en un ambiente sano. Esto sólo se va a lograr con la incorporación de alternativas y las industrias extractivas deben serlo; no tenemos derecho a renunciar a ellos por falta de decisión o gestión. En mi opinión a ese formato se integra la minería… la que tenemos; la de los áridos, el yeso y las arcillas de aplicación industrial del distrito minero Alto Valle el más importante actualmente en la provincia, junto al hierro de Sierra Grande y ALPAT en san Antonio y también la que realizan los lajeros, los mineros de la explotación del pórfido o arenas silíceas en la Línea Sur. Y por supuesto también tenemos que impulsar y ser parte de la exploración de nuestros recursos mineros como el carbón, el uranio, el oro o la plata, y desarrollarlos. Ponerlos al servicio de la repoblación de la Línea Sur y del fortalecimiento productivo de ese complejo 75% del territorio que esta sin desarrollar y que podría retener población, evitando el trauma del desarraigo por migración forzada y también equilibrar el territorio.

¿Quién debería hacer esa campaña exploratoria?

El impulso debe ser de los privados por lo que tiene que ver con el capital de riesgo; pero ese impulso debe ser controlado por el Estado a fin de que las actividades exploratorias tengan la participación de la política pública. El proceso debe ser racional y deben respetarse los derechos de todos, desde los de la comunidad local hasta los del inversor. Se tiene que armonizar, coordinar los esfuerzos para que la exploración tenga un sentido positivo y productivo para todos. Sin duda, con el tiempo van a aparecer proyectos que cambiarán la ecuación de potencial riqueza para transformarla en riqueza efectiva. En nuestro catastro minero, hay un interés por todos los minerales de primera categoría, como lo son el carbón, el uranio, cinc, cobre, plata y oro. Hay que poner en ese enorme catastro minero, las manifestaciones de descubrimiento presentes, y hay que resguardar el interés de los rionegrinos a través de una empresa provincial de carácter público, que tenga intervención en cada uno de los proyectos, poniendo en valor el patrimonio que posee, para integrarlo a esos proyectos y fortalecerlos. Esta es una empresa que existe desde junio, pero que tendrá cambios en los próximos meses. Vamos a un esquema en el que los bienes comunes o recursos naturales no renovables se abordan en un ámbito común, el de la Secretaria de Estado, con rango de Ministerio, de Energía en Río Negro. En minería, deseamos asociaciones en las tareas de prospección y exploración, y también para determinados proyectos incluir la participación de otros sectores de las políticas públicas: generación de energía, transporte, infraestructura, entre otros. De esta manera se permitirá llegar a todos los sectores que necesitan desarrollo. Esta es la forma en que creo se fortalece la actividad porque participan de ella todos los sectores y es donde va a encontrar su lugar la minería de Río Negro.